(Me) resulta sorprendente cómo medios de comunicación y políticos realizan a menudo lecturas similares de un mismo hecho, obviando los intereses de sus públicos (lectores y electores, básicamente).
Parece que hablaran un lenguaje común, no sé si pactado de antemano, pero que en ocasiones se nos escapa al resto de ciudadanos que no conectamos con esta jerga (y ojo, que en el caso particular del autor de este blog ¡ya tiene delito!).
Para ilustrar esta introducción, tan poco periodística, me voy a detener en tres hechos recientes, protagonizados por tres partidos políticos y con reseñas en prensa de medios diferentes:
3. La Generalitat presentará un ERE para 1.500 empleados de empresas públicas. [Enlace ya no disponible]
En todos los casos nos quedamos en la superficie: en la querella política, en la lucha de poder y en el debate ideológico, circunstancias que interesarán mucho a los políticos pero muy poco, intuyo, a los ciudadanos.
Aclaro:
1. 54 días después de la celebración de las elecciones autonómicas aún no se conocen los datos definitivos del estado contable de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Cada parte juega, en la primera acepción del término, a escurrir el bulto, a acusar al contrario y a reírse, por extensión, de los ciudadanos a los que afirman servir.
Nadie se ha planteado, y más en los tiempos que corren, la obligatoriedad de auditar y publicar las cuentas públicas (y no me sirve la teoría porque en la práctica no se hace) no para quitar el juguete a los políticos sino para que los ciudadanos sepan en todo momento cómo se gestionan sus bienes y en manos de quién los depositan.
2. Aquí el editorial es de una profundidad abisal: “El juicio (…) de Camps plantea un grave problema a Mariano Rajoy porque, si Zapatero adelanta las elecciones, puede coincidir con la campaña electoral. Y, aunque no coincida, Rajoy no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el PP pide dimisiones de sus adversarios políticos un día sí y otro también”.
¿Y a mí qué? Dónde está el debate sobre la ética que debe acompañar cualquier acto de un gestor público, por qué no se da un paso valiente y se aprueba una declaración en la que los partidos llegan a acuerdos sobre la posibilidad o no de continuar en el cargo en determinadas circunstancias…
El hecho de que Francisco Camps acabe de dimitir no finaliza el debate; todo lo contrario, debería iniciarlo porque ha quedado aún más claro que el interés particular (de partidos y políticos) está muy por encima del común, de los ciudadanos.
3. 1.500 empleados son muchos. Ahora resulta que sobran pero cuando fueron contratados, no. Con la misma firmeza nos hubieran dicho que eran necesarios, pero hubiéramos seguido ignorando si para cumplir con compromisos del partido o partidos de turno o porque realmente tenían una labor de utilidad que desempeñar.
E ingenuamente supongo que esta reducción se trasladará proporcionalmente a políticos, altos cargos, consejeros y cargos de confianza. ¿O no? En este caso, su concurso es imprescindible para sacarnos de la crisis en la que previamente nos habían metido.
Los políticos se quejan de las generalizaciones (casi nunca agradables hacia su labor, condición y ausencia de valores) y defienden la honorabilidad de su dedicación.
Quizá sea el momento de que los que realmente lo sientan así comiencen a demostrarlo.
Pero que no se engañen y, sobre todo, que no traten de engañarnos: que la gestión de la Res publica sea un mandato noble y honorable no significa que sus protagonistas estén a la altura de la responsabilidad.
