En tiempos de crisis, apostemos más que nunca por la comunicación

En una situación de crisis como la actual, y no me refiero únicamente a la económica sino a la política e incluso a la moral, conviene refugiarse en los principios.

En esas bases sólidas que nos permiten avanzar con la seguridad de que no erramos el camino.

Y en este punto, la comunicación es un elemento imprescindible. 

Veamos algunos detalles que pueden aplicarse tanto a empresas como a administraciones públicas o al propio entorno político.

Si las recetas para encarar la crisis, sin detenernos a valorar su idoneidad, parecen ser aligerar gastos y recortar servicios e incluso empleo, qué mejor herramienta para analizar y explicar nuestras decisiones que la comunicación. 

A nivel interno, para ofrecer transparencia a los empleados, compartir la información disponible y generar confianza, incluso aunque sea necesario tomar alguna medida traumática (despidos, por ejemplo). El no hacerlo, generalmente por miedo, genera rumores, casi siempre perniciosos, que comprometen gravemente el compromiso de los trabajadores, su implicación, su productividad y, en último término, la marcha de la propia empresa. 
Al final el resultado será el mismo, habrás perdido la iniciativa y lo que se haya comunicado seguramente no será de tu agrado. 

Hacia el exterior, para explicar a nuestros clientes o usuarios cuál es la situación real, qué medidas se van a tomar, qué consencuencias van a tener y qué propósito se persigue. 

En las administraciones públicas, sin ir más lejos, qué mejor momento para apostar por la comunicación con mayúsculas y por los principios de gobierno abierto y uso de redes sociales para promover la transparencia, participación y colaboración de los ciudadanos.

No se me ocurre mejor fuente de legitimidad para la práctica política que analizar, discutir y compartir soluciones con las personas que van a vivir y disfrutar o padecer estas medidas.

Pongamos un ejemplo. Si el Ayuntamiento X o la Comunidad Autónoma Y tienen graves problemas de presupuesto, por qué no abrir la gestión de estas instituciones a los ciudadanos: hacerles partícipes de la situación real y decidir, entre todos, dónde recortar y dónde no, si es preciso subir impuestos para mantener o ampliar algunos servicios…

Creo, sinceramente, que la sociedad está cada vez más preparada para ello; a la vez que aumentan mis dudas sobre la actual generación de políticos.

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