En una época como la actual, marcada por el creciente acceso a las TIC y su uso cada día más creativo e innovador por parte de las empresas, sorprende aún el estado embrionario que presenta la E-administración.
Más allá del proceso técnico, me gustaría detenerme en los enormes beneficios que supone para la comunicación de las organizaciones, tanto a nivel interno como en el proceso de estar más cerca y facilitar las gestiones de sus públicos, especialmente en el sector público.
En este último caso se trata casi de una obligación. Para los que trabajamos en el ámbito de la comunicación de instituciones públicas, resulta un tanto frustrante y descorazonador el escaso interés que aún suscitan estas cuestiones. Da cierta tristeza observar cómo el grado de cercanía de las administraciones con sus ciudadanos se mide, en la mayoría de los casos, en una página web que sólo ofrece información de una forma unidireccional y que no permite ni conocer la opinión de los públicos a los que se dirige ni ofrecerles herramientas para facilitarles sus gestiones.
La ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos impulsa e impone una serie de cambios en la gestión y en la relación que las administraciones tienen que mantener con los usuarios. Su cumplimiento es obligatorio para la Administración Central a partir del pasado 1 de enero; en el resto de las administraciones depende de la disponibilidad financiera.
Es un marco absolutamente necesario para empujar a las administraciones y a sus responsables políticos a moverse en una determinada dirección. Hay que comenzar a trasladar desde dentro y hacia fuera un mayor aprovechamiento de las herramientas que las TIC ponen a nuestro alcance.
El cambio no sólo es posible sino que es absolutamente necesario pero requiere compromiso y tiempo, por este orden. Hay que implicar primero a las organizaciones, a las personas que prestan sus servicios en ellas para, posteriormente, ir trasladando esta cultura a los usuarios.
La necesidad está latente y, contrariamente a lo que pudiera pensarse desde fuera, hay excelentes profesionales que podrían desarrollar estas herramientas que permitirían acercar la administración a los ciudadanos; pero como casi siempre el nivel político está bastante por debajo del nivel técnico de los profesionales que integran la administración.
He aquí una propuesta más al debate suscitado por los recortes presupuestarios que incluye, además, una oportunidad de mejora de la competitividad y de la eficacia de las instituciones públicas y en la búsqueda de un nuevo modelo económico. La solución que requiere menor esfuerzo y la más sencilla y rápida suele ser la tijera, pero hay que ser consciente de que casi nunca es la más adecuada.
